El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, brindó «una explicación en detalle» a los líderes de los partidos que apoyan al Gobierno sobre la propuesta que realizó el Ejecutivo a la Convención Constitucional (CC) para utilizar decretos con fuerza de ley para implementar la nueva Constitución.
La idea, que fue propuesta inicialmente por la Contraloría y apoyada por el secretario de Estado -quien la expuso la semana pasada ante el órgano-, generó polémica en el Congreso, donde acusaron un intento de pasar por alto al Parlamento en el proceso de transición hacia el nuevo régimen, de ganar el Apruebo en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
De hecho, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo: «En democracia se legisla a través del Congreso, son las dictaduras que recurren a los decretos. Me parece que una materia de ley tiene que pasar por el Congreso, no es una buena idea hacer de esto una regla general dentro de las normas transitorias».
Dicha preocupación fue compartida también por otros representantes de los partidos oficialistas, quienes expusieron sus dudas durante la reunión que sostuvieron con los ministros del comité político.
Ante las aprensiones, Jackson tomó la palabra para aclarar las dudas que surgieron sobre este punto.
Según comentaron algunos de los presentes en la cita, el titular de la Segpres aseguró: «Jamás ha estado en el ánimo del Gobierno ni en el sueño de nadie gobernar por decreto, sino que esto tiene que ver con decretos adecuatorios para aquellos aspectos de la Constitución que empiecen a regir in-actum».
En esa línea, destacó que la idea es que esas normas «permitan que la gobernanza del país continúe. No hay ningún ánimo de que los temas contenidos en la nueva Constitución sean resueltos vía decreto, ya que ahí el tema lo verá el Congreso».
¿Dónde se aplicarían los decretos?
El ministro Jackson, de acuerdo con lo revelado por los representantes de los partidos, mencionó cuestiones que forman parte del funcionamiento basal del Estado, como las que tienen que ver con las compras públicas.
«En el fondo, es garantizar que el Estado siga funcionando, son cosas administrativas», sostuvo.
Posteriormente, la ministro de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, profundizó en el tema.
«Todo el tiempo el Congreso delega en el Poder Ejecutivo con los decretos con fuerza de ley, muchas veces se levantan caricaturas a partir de declaraciones que llegan», puntualizó.
A juicio de la vocera de La Moneda, en este caso, la polémica que motivó la respuesta de expertos constitucionales y distintos sectores políticos se levantó como «en el efecto del teléfono que jugábamos cuando chicos, y el mensaje al final se tiende a distorsionar respecto a lo que originalmente se quería comunicar».
Vallejo, además, recalcó: «Nosotros rescatamos la propuesta que hace Contraloría en el sentido de que en normas que son acotadas y que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de bases de la administración del Estado para dar continuidad a los servicios, se evalúen los decretos con fuerza de ley, que son distintos a los decretos ley».
«Justamente para que podamos transitar, de aprobarse la nueva Constitución, en un proceso tranquilo, responsable en los plazos y que permita al Estado seguir funcionando mientras se legislan todo lo que son las reformas estructurales para darle bajada a las normas constitucionales, sobre, por ejemplo, derechos», enfatizó.
Según la portavoz, «el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo eso va a requerir reformas que pasan por el Congreso y que se tienen que legislar si o si y hay otras materias que probablemente requerirán una adecuación más rápida para darle continuidad a los servicios».
«Por ejemplo, para poder como Gobierno, como Estado, convocar a licitaciones públicas y que no queden entrampadas o trabadas por las adecuaciones que se tengan que hacer», subrayó.
Finalmente, Vallejo reiteró: «Tenemos una conversación ahí, obviamente esperamos que esta se de sin caricaturas, porque es parte de una democracia legislar y también las delegaciones hacia el Poder Ejecutivo en cuestiones que son sumamente específicas y acotadas para poder dar tranquilidad a este proceso y la gradualidad que requiere», finalizó.
